Amnistía Internacional pide al presidente Danilo Medina no promulgar la
reforma al Código Penal, tal como fue aprobado en el Congreso, que mantiene la
penalización del aborto, porque estaría violando los derechos de mujeres y
niñas y poniendo en peligro sus vidas.
“La criminalización del aborto en todas las circunstancias, tal como se mantiene en la nueva legislación, viola el derecho de las mujeres a la vida y la salud y su derecho a no sufrir discriminación ni ser sometidas a tortura o malos tratos, y por tanto es contraria a las obligaciones internacionales contraídas por la República Dominicana en materia de derechos humanos” destaca AI en un comunicado.
Pide al presidente que garantice el acceso al aborto en la ley y en la práctica, como mínimo en los casos en los que el embarazo entrañe un riesgo para la salud física o mental de la mujer o niña, cuando el feto no pueda sobrevivir fuera del útero y cuando el embarazo sea consecuencia de violación o de incesto.
Amnistía hace un recuento de las discusiones de la reforma al Código Penal, destacando que en junio de 2013, la Cámara de Diputados aprobó un borrador de reforma del Código Penal que introducía una excepción a la prohibición total del aborto en el país en casos en los que pudiera invocarse un "estado de necesidad".
Dice que eso permitía despenalizar el aborto cuando la vida de la madre corriera peligro a causa del embarazo. Sin embargo, en julio de 2014, “tras las presiones de la Iglesia Católica”, el Senado eliminó esta disposición. El 18 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la versión aprobada por el Senado en julio.
Resalta que la versión final aprobada mantiene las penas de entre dos y tres años de prisión para todas las mujeres que se sometan a un aborto y para todas las personas que cooperen en la interrupción del embarazo. “El personal médico y farmacéutico que facilite un aborto o ayude a practicarlo será castigado también con una pena de entre cuatro y diez años de prisión. Si una mujer muere a consecuencia de un aborto, la pena contra quienes lo hayan facilitado o hayan ayudado a practicarlo aumenta a entre 20 y 30 años”.
“La criminalización del aborto en todas las circunstancias, tal como se mantiene en la nueva legislación, viola el derecho de las mujeres a la vida y la salud y su derecho a no sufrir discriminación ni ser sometidas a tortura o malos tratos, y por tanto es contraria a las obligaciones internacionales contraídas por la República Dominicana en materia de derechos humanos” destaca AI en un comunicado.
Pide al presidente que garantice el acceso al aborto en la ley y en la práctica, como mínimo en los casos en los que el embarazo entrañe un riesgo para la salud física o mental de la mujer o niña, cuando el feto no pueda sobrevivir fuera del útero y cuando el embarazo sea consecuencia de violación o de incesto.
Amnistía hace un recuento de las discusiones de la reforma al Código Penal, destacando que en junio de 2013, la Cámara de Diputados aprobó un borrador de reforma del Código Penal que introducía una excepción a la prohibición total del aborto en el país en casos en los que pudiera invocarse un "estado de necesidad".
Dice que eso permitía despenalizar el aborto cuando la vida de la madre corriera peligro a causa del embarazo. Sin embargo, en julio de 2014, “tras las presiones de la Iglesia Católica”, el Senado eliminó esta disposición. El 18 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la versión aprobada por el Senado en julio.
Resalta que la versión final aprobada mantiene las penas de entre dos y tres años de prisión para todas las mujeres que se sometan a un aborto y para todas las personas que cooperen en la interrupción del embarazo. “El personal médico y farmacéutico que facilite un aborto o ayude a practicarlo será castigado también con una pena de entre cuatro y diez años de prisión. Si una mujer muere a consecuencia de un aborto, la pena contra quienes lo hayan facilitado o hayan ayudado a practicarlo aumenta a entre 20 y 30 años”.
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